NEGOCIANDO LA SOBERANÍA: El gobierno de los diez años de Balaguer

Por Leopoldo Espaillat Nanita

Después de la desastrosa gestión de Jorge Blanco, con las programadas y catastróficas devaluaciones del peso dominicano, la que le tocaba iniciar a Joaquín Balaguer en agosto de 1986 estaba rodeada –por un lado- de expectativas positivas (nadie podría hacerlo peor que Jorge Blanco) y también de aprensiones. Después de todo, Balaguer estaba ciego y dependiendo para todo de su anillo, incluyendo percibir la realidad nacional (o leerla en la prensa escrita), así como identificar y despachar documentos o vestirse. Esta nueva gestión de Balaguer duraría tres períodos, casi repitiendo sus primeros doce años de gobierno, pues fue recortada por factores políticos a diez años.La designación del licenciado Luis Julián Pérez como gobernador del Banco Central marcaba un derrotero de política económica totalmente inversa al gobierno de Jorge Blanco, ya que Pérez había planteado públicamente, desde antes de asumir el cargo, la necesidad de revertir el proceso de devaluaciones que había recibido el signo monetario dominicano, cuyo valor respecto del dólar lo encontró al tomar posesión en 3.12 por uno, bajándolo en 1987 a 2.91 por uno. Pero, como veremos, Julián Pérez perdió la batalla frente a Balaguer y al FMI, y en julio de 1987 el peso dominicano llegó a cotizarse en el mercado libre a 4.75 por uno; en diciembre superó la barrera de 5 por uno, y en agosto de 1988 estaba en 6.35 por uno. Ya en noviembre de 1989 la cotización alcanzó a 9 por uno. En el plano político, la corrupción del gobierno Jorge Blanco fue abordada por Balaguer con su estilo indirecto de hacer las cosas. No levantó expedientes por vía del ministerio público por actos de corrupción, a la vista de auditorias, investigaciones, evidencias, etc., como era institucionalmente su obligación, sino que inauguró una serie de comparecencias por TV de funcionarios públicos, que denunciaban hechos de corrupción ante las cámaras, mientras Balaguer, impasible, los escuchaba desde un sillón próximo.El próximo paso fue que un particular, y además jurista, Marino Vinicio Castillo, presentara ante el ministerio público lo que se denominó una ‘denuncia-querella’, y fue éste, no el Estado dominicano a través de sus instituciones, el que cargó con la responsabilidad de mover la acción pública contra Jorge Blanco y otros allegados y funcionarios de su gobierno, y llevar el peso de la acusación ante los tribunales de justicia, incluso mucho después de que el gobierno y el propio Balaguer se desinteresaran de proseguir los procesos.Desde luego, todo ello se esperaba desde el mismo día del acto de juramentación de Balaguer en el Congreso Nacional, cuando aparecieron cartelones y pancartas que rezaban ‘a la cárcel con los ladrones’. Era cuestión de tiempo –que todo el mundo esperaba y muchos deseaban- que el nuevo gobierno le tomara cuenta a los desafueros administrativos de la gestión de Jorge Blanco, cometidos en gran medida a la vista de todo el mundo y sin esfuerzo de disimulo alguno. Balaguer no defraudó en el plano político estas expectativas.En última instancia Jorge Blanco fue a parar a la cárcel, acompañado de algunos socios de negocios y algunos ex–funcionarios (incluyendo militares de alto rango y algunas víctimas inocentes como el ex–secretario administrativo Rafael Flores Estrella, víctima de su lealtad no correspondida a Jorge Blanco), pero lo hizo de tal manera que ello le permitió durante mucho tiempo decir que él no había perseguido a su corrupto predecesor, aunque mucho después –cuando le convino- dijo exactamente lo contrario: “Que él había sido el único Presidente que había perseguido la corrupción en este país”.La forma vergonzosa en que Jorge Blanco evadió inicialmente la persecución judicial marcó su carrera política para siempre, alcanzando Balaguer al mismo tiempo el objetivo de descartarle del escenario político para el futuro, y dejar maltrecho y a la defensiva a su principal partido de oposición: el PRD. Esto le permitió emprender sin mucho problema la fase inicial de la liquidación del patrimonio estatal, su quiebra, cuya privatización había sido un ofrecimiento de la campaña.Por otro lado, la política implantada por Luis Julián Pérez en el Banco Central de defensa del signo monetario dominicano implicaba contraponerse al modelo de la economía de servicios para propiciar la inversión extranjera, que era designio del gran capital norteamericano después de su gobierno haber promulgado la legislación que se denominó “Iniciativa Reagan para la Cuenca del Caribe”, pero que en realidad era oficialmente la ‘Ley para la Revitalización Económica del Caribe y Centro América de 1982” (Caribbean-Central America Economic Revitalization Act of 1982)LOS PARQUES DE ZONA FRANCADe modo que la política de proliferación de parques industriales de zona franca (primero de la CFI y luego privados) no había sido una iniciativa dominicana, ni del gobierno ni del sector privado para el territorio dominicano, sino del gobierno norteamericano para favorecer la exportación desde su territorio de procesos industriales intensivos en mano de obra hacia la periferia económica tercermundista, tanto del hemisferio americano (Centroamérica y el Caribe) como de litorales tan distantes como el Lejano Oriente. En resumen, exportaba empleos bien pagados, como lo exige la ley norteamericana, para pagarlos mal.Con esta legislación se favorecía el ensamblaje de componentes importados desde territorio norteamericano por parte de empresas norteamericanas instaladas en los indicados parques de zona franca, o que contrataban esta tarea con empresas locales instaladas en éstos en función de contratistas, y reimportarlos al mercado norteamericano bajo condiciones concesionarias respecto de las estipulaciones del arancel norteamericano, pero bajo un estricto sistema de cuotas que constituye la verdadera protección de su mercado interno.Lo pernicioso del modelo es que sumerge a los países que involucra en el mismo en una competencia perversa de devaluaciones monetarias, ya que plantea una disputa permanente por atraer estos capitales otorgándoles mayores ventajas en función directa con el abaratamiento salarial en moneda local respecto del dólar norteamericano, y consecuentemente al empobrecimiento de su población laboral -–esté o no vinculada a la operación de los parques industriales– y por ende a la disminución del poder adquisitivo de toda la población.Esto es lo que más adelante, en 1990, el economista británico Raphael Kaplinsky, jefe de la misión del PNUD para la frustrada y natimuerta ‘reconversión o reestructuración industrial’ de la República Dominicana, a la vista de los efectos empobrecedores generalizados del modelo de ‘economía de servicios’, a manera de ‘subasta de pobreza’ donde se cotizan los salarios de miseria, terminara denominando ‘la depauperización del crecimiento’.Basta ver las miseriosas condiciones de vida de los operarios de las maquilas mejicanas a todo lo largo de la frontera norteamericana-mejicana, y de las zonas francas de los demás países del área del Gran Caribe, para calibrar el dramático empeoramiento de las condiciones de vida y el estrecho horizonte de esperanza que puede darles a sus operarios y familiares la política de auspicio de ‘parques industriales de zona franca.Es claro que la reducción del poder adquisitivo del país (como la de otros países del área) es contraria a la necesidad de la industria norteamericana de exportar sus productos, pero esta es la gran contradicción que se ha dado en el seno de la sociedad norteamericana entre la política de sobre-valuación cambiaria del dólar, que favorece las operaciones especulativas bursátiles, y las inversiones directas de su capital en nuestras economías (el nuevo GATTS), pero encarece toda la producción industrial norteamericana (tanto de consumo interno como exportable), ofreciéndole como única opción para sobrevivir cerrar operaciones intensivas en mano de obra (despidos masivos que se transfieren al seguro de desempleo y a la impagable deuda de su gobierno), trasladándolas al cinturón de miseria de mano de obra abaratada del cual forma parte la República Dominicana en el área del Caribe.La política y los propósitos bien intencionados de Julián Pérez tenían que chocar con los representantes de esa política económica, lo que efectivamente se produjo cuando se decidió a sacar del edificio del Banco Central la oficina de los representantes del FMI, y se presentó a tomarle cuenta el entonces embajador norteamericano Robert Kilday. Lo que aconteció en ese momento me fue relatado –no por don Luis– sino por Arturo Villanueva, que se encontraba casualmente en su despacho cuando aquél recibió la sorpresiva visita diplomática. Después de escuchar lo que motivaba la visita, Julián Pérez invitó, enérgica y cortantemente, al embajador Kilday a retirarse de su oficina.Pero esta política de respeto a la soberanía y a los intereses de los dominicanos llegaría solamente hasta donde el Presidente Balaguer sintiera que le colocaba en el compromiso de hacer causa común en un enfrentamiento con el gran poder del Norte, y así, poco después, no sólo removió a Julián Pérez del cargo, sino que confirmó su apoyo al modelo de economía de servicios propiciando nuevas y drásticas devaluaciones de la moneda dominicana.Después de haber custodiado celosamente durante sus primeros doce años de gobierno el patrimonio empresarial estatal heredado de Trujillo del apetito de los sectores nacionales que intentaron una y otra vez apoderarse del mismo (muchos de ellos accionistas de esas empresas y desde luego ex-socios de Trujillo), constituyéndole en la base económica de su poder político, Balaguer se encontraba en 1986 con una política internacional encabezada por el gran capital norteamericano, convertida en política de su gobierno, que rechazaba el rol de los Estados latinoamericanos en la economía, enarbolando su privatización.

Atrapado entre el rechazo generalizado de los dominicanos a la entrega de ese patrimonio a particulares y la nueva política norteamericana, Balaguer optó por la salida de hacer desaparecer el motivo de discordia. Conforme a mi archivo de recortes, las primeras propuestas de privatización de este patrimonio estatal en el Congreso Nacional surgieron en este período de parte de legisladores reformistas. Pero fueron las designaciones de administradores ineptos y/o ladrones el mecanismo eficaz utilizado por Balaguer para este propósito. La primera víctima de este proceso fue el Consejo Estatal del Azúcar. El Presidente Balaguer se había hecho acompañar en la boleta electoral del PRSC de quien en su momento se había rumorado como compañero de Majluta, Carlos Morales Troncoso, el segundo a bordo en la G&W, pero ahora el Vicepresidente (de quien se afirma tiene pasaporte de ciudadano norteamericano en violación a la Constitución dominicana) le resultaba una molestia a Balaguer en el Palacio Nacional.El primer esfuerzo de Balaguer por salir de Morales Troncoso fue algo sin precedentes: enviar al Vicepresidente a Washington como embajador dominicano. Este intento tuvo que abandonarse, y estamos seguros que no fue por falta de deseo presidencial, sino porque -de ser cierto lo que se afirma- los EE.UU. no aceptaron que un ciudadano suyo representara en su territorio un gobierno extranjero. Mas sin embargo no es tan exigente el gobierno norteamericano en cuanto a que sus ciudadanos aspiren a posiciones políticas en otros países.Tal fue el caso también de Gonzalo Sánchez de Lozada, en Bolivia, ministro de Economía del gobierno de Paz Estenssoro y autor del traumático plan de ajustes económicos que aquél aplicara y más luego Presidente de ese país, quien –independientemente del doblegamiento colectivo y mayoritario de voluntades representado en los cónclaves de mandatarios latinoamericanos frente a los intereses de EE.UU.– resaltaba entre sus compañeros con su inocultable e inconfundible acento norteamericano.Balaguer terminó enviando a Morales Troncoso al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) como director ejecutivo, a sabiendas de que éste –no obstante sus antecedentes azucareros- no haría otra cosa que contribuir a liquidar ese emporio estatal. Ya en su momento le tomaría cuenta de mala manera, cuando en plena reunión de la Cámara Americana de Comercio, en la cual le tocaba intervenir, el presidente Balaguer reclamó públicamente la pésima actuación de todos los directores ejecutivos del CEA, y manoteando en la propia cara del vicepresidente Morales Troncoso, que se encontraba sentado a su lado, repetía: “todos.....”LA ‘DOLE DOMINICANA’La mejor muestra del ‘buen trabajo’ que hizo Morales Troncoso en esta dirección fue el contrato que él firmó con la Çastle & Cooke Worldwide Ltd.’, casa matriz de la ‘Dole Food’ y la ‘Dole Dominicana’, encabezada aquí por Randolph Fleming, un ex-teniente submarinista de la marina norteamericana, mediante el cual el CEA entregaba terrenos para la siembra de piñas y otros frutos, y su procesamiento en concentrados, a cambio de una participación en los beneficios de las ventas en EE.UU., sujetas a auditoria por parte de una firma contratada.Mediante ese contrato de marzo de 1987 firmado por Morales Troncoso el CEA se comprometía a entregar a la ‘Dole’ una porción de 83,600 tareas (52,500,800 m2 aproximadamente) en el área de los poblados de Bermejo, Arenoso, Payabo, San Pedro y Buena Vista, en la zona de Cotuí, a cambio de una participación en las ventas de la Dole en EE.UU., con la siguiente estipulación: que el plazo inicial de usufructo de los terrenos sería por 25 años; pero la Dole tenía la opción unilateral de extender el plazo por 25 años más, hasta 50 años en total.Pero lo mejor del contrato para los intereses de la ‘Dole’ estaba estipulado en el acápite d) del párrafo 2.2 del Art. 2, que indicaba que, al término de los 25 años, o de los 50 años, según fuera el caso, cuando sus interlocutores nacionales ni siquiera recordaran quién había autorizado ese contrato varias generaciones atrás, la Dole, en lugar de devolver al CEA la porción de terrenos recibida en los lugares indicados, podía devolver “una porción distinta de los terrenos, que contenga por lo menos el mismo número de tareas nacionales brutas (acres brutos) que dicha porción de los terrenos”.Es decir que la Dole, que había recibido terrenos de suelos de la mejor calidad dotados de infraestructura, con excelente pluviometría y próximos al Puerto de Sánchez, podía ‘devolver’ un área igual en cualquier erial fronterizo. En cambio el CEA, para poder recibir el pago al cual tenía derecho, habría de determinar primero cuánto se había ganado la Dole en sus ventas en EE.UU. a través de una firma auditora contratada (cosa que nunca hizo), además de que a la Dole le bastaba declarar haber incurrido en pérdidas (como sí lo hizo) para que no tuviera que pagarle nada al CEA.Pero afortunadamente para sus autores, la ejecución de este contrato nunca se ha investigado, pues si tal cosa se hiciera la fila de posibles huéspedes de la cárcel de Najayo se haría más larga. Este fue el contrato citado en su momento por el entonces embajador norteamericano Robert Pastorino como el modelo a seguir por otros ‘inversionistas’, pendientes de su ejecución, para decidirse a ‘invertir’ en la República Dominicana, amenaza que no llegó a materializarse por lo que explicaré.La ‘Dole’ terminó, por suerte para el país, marchándose con su música a otra parte, cuando perdió el enfrentamiento que sostenía con la empresa nacional fabricante de cajas de cartón ‘Cartonajes Hernández’, encabezada por Ricardín Hernández, un empresario que -–a diferencia de muchos-- no estaba dispuesto a ceder su mercado a importaciones del exterior, y cuando el CEA -–ya en otras manos-- se negó a seguir entregándole más tierras. De hecho, fue en medio de ese enfrentamiento, que Ricardín buscó mi ayuda, lo cual me brindó una oportunidad de llevar a los hechos el discurso de defensa de la economía nacional que desde entonces venía levantando frente a la denominada ‘apertura’ neo-liberal, y acepté actuar como su asesor externo, labor que luego se convirtió durante un tiempo en una función asesora permanente dentro de su empresa.El pleito se decidió a favor de Ricardín en una reunión que tuvo efecto en el despacho del entonces secretario de Industria y Comercio, Rafael Bello Andino, al entregarle la versión notariada de una trascripción que yo había hecho, de la grabación de una reunión previa celebrada en CEDOPEX, a la cual Ricardín había tenido la habilidad de hacerse acompañar de un notario, grabándola con el consentimiento de todos, en la cual Fleming se auto-incriminaba admitiendo que en las importaciones de cajas de cartón de las fábricas de la Dole desde Centroamérica no se declaraban todos sus costos “por representar sacar dinero de un bolsillo para el otro”. En el léxico legal y económico de comercio internacional esto se conoce como “dumping”, es decir falsear los costos por debajo de la realidad como práctica desleal de comercio.Concurrí a esa reunión acompañando a Ricardín, y nos asistió como abogado Ramón Tapia Espinal, quien se le ‘paró en dos patas’ a Fleming y a su abogado, Luisito Heredia Bonetti, que enarbolaban los nuevos tiempos de la ‘apertura de los mercados’ para que metieran en su cabeza que tenían que respetar y acatar las disposiciones legales vigentes del país, que protegían la producción nacional de ese tipo de importación, con la condición de que fuera capaz de competir en precio y calidad con el producto importado, cosa que Ricardín garantizaba.La presentación de ese documento notarizado, más la amenaza de llevar el caso hasta la justicia norteamericana, acompañándola con la puesta en la mesa de un ejemplar de la Ley ‘Sherman’ de EE.UU., del 2 de julio de 1890 y de la jurisprudencia al respecto (antimonopolio y anti-dumping), para someterlo a la decisión de estos tribunales (que a diferencia de los jueces dominicanos de la Suprema Corte de Justicia no juegan en la aplicación de ese principio), la Dole se plegó a adquirir las cajas de cartón de la empresa de Ricardín Hernández.Esta decisión y la dificultad de que le entregaran más tierras, parece que provocaron la desgracia de Fleming, quien fue trasladado a otro destino y determinaron el posterior retiro del país de la Dole, liberando al CEA y a los dominicanos de ese malhadado contrato. Pero lo que estaba en juego en esa confrontación, no eran los intereses de dos empresas, una nacional y otra transnacional, sino el derecho del aparato productivo nacional a sobrevivir, participando y compitiendo en su mercado o en el mercado de exportación del país, frente a las maniobras que acostumbran las empresas de capital extranjero (predominantemente norteamericano) que operan trans-nacionalmente para ignorarlo. También estaban en juego la voluntad entreguista de quienes se someten a la voracidad de las empresas extranjeras o les sirven y la voluntad de quienes se resisten y oponen a la misma.Estas empresas transnacionales constituyen el verdadero motor para desconocer las fronteras y soberanías económicas y políticas nacionales, las cuales incurren reiteradamente en prácticas desleales de comercio que la legislación de su país de origen no permite, ni tampoco los acuerdos pactados en la Organización Mundial de Comercio, y que pueden llevar a cabo impunemente en nuestro país, porque carecemos de legislación en la materia y hemos carecido de voluntad política para implantarla.