Únicamente eliminando la grasa más escandalosa de la Administración central podríamos haber logrado, sin subidas de impuestos, una reducción del déficit más de dos veces superior a la que salió del pasado Consejo de Ministros
El Gobierno del Partido Popular aprobó el pasado viernes una injusta y contraproducente subida de impuestos, propia del peor Zapatero. Su justificación la encontró en la desviación extraordinaria del déficit público para este año, del 6 al 8% del PIB: resultaba imprescindible incrementar los gravámenes del IRPF para compensar el ensanchamiento de ese agujero. ¿Seguro? ¿Acaso no había otras partidas de las que recortar antes de subir impuestos?
Echemos algunas cuentas. Con la estocada tributaria, los de Rajoy esperan recaudar unos 6.200 millones, cifra a la que se añade una minoración del gasto público de 8.900 millones. En total, pues, 15.100 millones de reducción del déficit, lo que dejaría éste en el 6,5% del PIB, dos puntos por encima del 4,4% comprometido para finales de año
La cuestión es, por consiguiente, si podemos alcanzar ese 4,4% sin subir los impuestos. Y la respuesta es que sí, se puede; pero falta voluntad política. A continuación les dejo un desglose de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado de 2011 que podrían eliminarse y que permitirían reducir los gastos de la Administración central en cerca de 32.000 millones. Con este recorte, el déficit público quedaría en el 5% del PIB, sólo seis décimas por encima del objetivo para este año.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta reducción del gasto afectaría sólo al Estado central: si realizáramos un ejercicio parecido en las comunidades autónomas –donde el incumplimiento de los objetivos del déficit ha sido mayor–, el ajuste podría ser muy superior, lo que probablemente nos dejaría cerca del compromiso del 3% de déficit para 2013.
Nótese, además, que he sido extremadamente conservador en los recortes. Para no herir sensibilidades, no he recortado la remuneración general de los empleados públicos ni el mal llamado gasto social (las únicas excepciones son el PER agrario y la ingente rúbrica de los cursillos de formación de los desempleados, monumento a la ineficiencia y el despilfarro). También he optado por no tocar lo que se consideran funciones nucleares del Estado (justicia, seguridad y defensa). Eso no significa que no crea que, en un momento crítico como el actual, no hubiese que proceder a una revisión profunda de todas estas partidas: por ejemplo, rebajando un 10% la remuneración a los empleados públicos, reduciendo en un tercio su número e instaurando copagos en sanidad y la enseñanza no obligatoria y reformando la prestaciones por desempleo para acortar su duración (por supuesto, de la mano de una reforma laboral de verdad que permita una progresiva reocupación de los cinco millones de parados).
Más bien, lo que intento probar es que únicamente eliminando la grasa más escandalosa de la Administración central, en forma de subvenciones, planificación de la producción y organismos públicos innecesarios, podríamos haber logrado, sin subidas de impuestos, una reducción del déficit más de dos veces superior a la que salió del pasado Consejo de Ministros. En su lugar, el PP de Mariano Rajoy ha preferido castigar y perseguir a la economía privada con tal de minimizar el adelgazamiento de un entramado estatista cada vez menos justificable y sostenible.
Aquí les dejo mi propuesta de recortes con respecto a los Presupuestos Generales del Estado de 2011. Obviamente, no es necesario estar de acuerdo con toda ella para reconocer que hay un margen enorme para reducir el gasto sin necesidad de subir todavía más los impuestos. Tampoco es necesario defender que la rebaja del gasto deba ser permanente o total, sino sólo temporal (como temporal es, según nos cuentan, la subida de impuestos) y parcial para atajar el déficit sin subir impuestos.
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación: 2.085 millones
•Cooperación para el desarrollo: 1.971 millones.
•Cooperación, promoción y difusión de la cultura en el exterior: 114 millones.
Ministerio de Economía y Hacienda: 1.477 millones
•Incentivos regionales a la localización industrial: 179 millones.
•Seguros de crédito a la exportación: 280 millones.
•Servicios de transporte de ministerios: 47 millones.
•Transferencias a RTVE: 631 millones.
•Aportación patrimonial al ICO: 340 millones.
Ministerio del Interior: 127 millones
•Financiación de partidos políticos: 127 millones.
Ministerio de Fomento: 5.262 millones
•Dirección y servicios generales de vivienda: 18 millones.
•Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a la vivienda: 1.126 millones.
•Subvenciones y apoyo al transporte terrestre: 214 millones.
•Subvenciones y apoyo al transporte marítimo: 84 millones.
•Subvenciones y apoyo al transporte aéreo: 344 millones.
•Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías: 40 millones.
•Adquisición de participaciones de la sociedad estatal de infraestructura y transporte terrestre: 799 millones.
•Aportación patrimonial a ADIF: 574 millones.
•Inversiones ferroviarias: 1.022 millones.
•Inversiones en nuevas carreteras: 1.041 millones.
Ministerio de Educación: 107 millones
•Nuevas tecnologías aplicadas a la educación: 107 millones.
Ministerio de Trabajo e Inmigración: 8.098 millones
•Fomento de la inserción y estabilidad laboral: 7.322 millones.
•Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas: 6 millones.
•Subsidio de desempleo para eventuales del Régimen Especial Agrario: 750 millones.
•Sindicatos y patronal: 20 millones.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: 5.935 millones
•Desarrollo industrial: 585 millones.
•Reconversión y reindustrialización: 704 millones.
•Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón: 145 millones.
•Explotación minera: 657 millones.
•Promoción comercial e internacionalización de la empresa: 591 millones.
•Coordinación y promoción del turismo: 623 millones.
•Apoyo a la pequeña y mediana empresa: 156 millones.
•Infraestructuras en comarcas mineras del carbón: 289 millones.
•Investigación y desarrollo tecnológico-industrial: 407 millones.
•Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información: 369 millones.
•Innovación tecnológica de las telecomunicaciones: 721 millones.
•Transferencias al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras: 688 millones.
Ministerio de Ciencia e Innovación: 5.498 millones
•Investigación científica: 682 millones.
•Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica: 2.139 millones.
•Investigación y desarrollo técnico-industrial: 2.426 millones.
•Investigación y experimentación agraria: 79 millones.
•Investigación oceanográfica y pesquera: 60 millones.
•Investigación geológico-minera y ambiental: 26 millones.
•Investigación energética, ambiental y tecnológica: 86 millones.
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino: 388 millones
•Competitividad y calidad de la producción agraria: 53 millones.
•Competitividad y calidad de la producción ganadera: 135 millones.
•Programa de desarrollo rural sostenible: 200 millones.
Ministerio de Cultura: 391 millones
•Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior: 17 millones.
•Promoción y cooperación cultural: 54 millones.
•Promoción del libro y publicaciones culturales: 14 millones.
•Fomento de las industrias culturales: 30 millones.
•Música y danza: 107 millones.
•Teatro: 56 millones.
•Cinematografía: 113 millones.
Miscelánea: 2.398 millones
•Imprevistos y funciones no clasificadas: 2.063 millones.
•Subvenciones y apoyo al transporte terrestre: 335 millones.
Juan Ramón Rallo es doctor en Economía y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos y en el centro de estudios Isead. Puede seguirlo en Twitter o en su página web personal. Su último libro, coescrito con Carlos Rodríguez Braun, lleva por título El liberalismo no es pecado.
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